EFE, Madrid
Las comunidades autónomas se comprometieron ayer, por unanimidad, a reproducir cada una de ellas individualmente el objetivo común de estabilidad presupuestaria pactado para el conjunto de la administración autonómica para el periodo 2011-2013. De acuerdo con lo aprobado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), presidida por la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, cada comunidad autónoma podrá incurrir en un déficit equivalente al 1,3% de su PIB regional durante 2011 y 2012, y a 1,1% en 2013.
Este cálculo no tiene en cuenta el efecto de las previsiones de liquidación a favor del Estado de los anticipos pagados a cuenta del sistema de financiación en 2008 y 2009, ya que si se incorpora dicho efecto el déficit máximo para 2011 sube al 3,3% del PIB regional, mientras que para los dos siguientes años se mantiene igual.
En rueda de prensa, Salgado calificó de "muy satisfactorio" el resultado de una reunión en la que hubo "buen ambiente y una discusión serena, pero rica en contenidos", y de la que también destacó las "manifestaciones de compromiso de las comunidades autónomas para cumplir con esta senda de consolidación fiscal."
El objetivo de estabilidad presupuestaria está condicionado a que las comunidades presenten o actualicen sus preceptivos planes económico financieros de reequilibrio, y a que las medidas incluidas en estos sean declaradas idóneas por el CPFF.
En el caso de que alguna comunidad no cumpliera este requisito, su objetivo de estabilidad se ajustaría al 0,75 del PIB regional en 2011 y al equilibrio presupuestario en 2012 y 2013, según lo establecido por ley. Dada la necesidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos de déficit público hasta 2013, los importes máximos aprobados ayer no podrán verse superados por el déficit excepcional derivado de los programas de inversiones productivas, lo que se tendrá en cuenta a la hora de autorizar dichos programas.
Al margen del objetivo presupuestario, algunas comunidades pidieron al Gobierno un retraso en la devolución de la liquidación negativa de los anticipos recibidos en 2008 y 2009 a cuenta del sistema de financiación.
Según Salgado, no ha sido una reclamación general, sino de "sólo tres o cuatro comunidades".
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