EL DÍA/AGS., Tenerife/Madrid
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció ayer que el Gobierno suprimirá en los próximos dos años las ayudas a la compra de vivienda protegida (VPO) con el fin de potenciar el alquiler y la rehabilitación y para cumplir con el ajuste presupuestario que permita reducir el déficit público. "Si vamos a tener que gastar menos, hay que priorizar en qué gastamos", se justificó la ministra.
Corredor se reunió con los consejeros autonómicos del ramo en el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda. Éstos no ven con buenos ojos los recortes, que en su mayoría se llevarán a cabo de forma escalonada hasta 2012, y reclamaron estudiarlos bilateralmente, ya que son ellos los responsables de repartirlos, a lo que ha accedido la ministra, que es la que libra el dinero de las arcas del Estado. La medida tampoco ha gustado entre las inmobiliarias.
Lo que ya está en marcha es la eliminación de la reserva de eficacia para las comunidades que superen los objetivos convenidos con el Ministerio, así como de la compensación del pago de las nuevas ayudas con fondos transferidos a las autonomías y cuyo destino no se ha justificado. Corredor detalló que hoy existen 628 millones de euros pendientes de justificación que "se irán reduciendo progresivamente en cada ejercicio".
Pero el ajuste "más estricto", en palabras de la ministra, vendrá en 2011 y se mantendrá hasta 2012, con lo que el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación será más austero en los dos años que le restan. El Ejecutivo suprimirá la ayuda directa a la entrada (AEDE), pero, como contrapartida, permitirá la ampliación de la hipoteca de las VPO hasta el 90% de su valor. La ministra minimizó el impacto de esta ayuda directa a la compra al asegurar que la función de ambas medidas es la misma: reducir la necesidad de ahorro para afrontar el pago de la entrada.
Asimismo, no se renovará la subvención para las ventanillas únicas, se suprimirá la destinada a promotores para la urbanización o adquisición de suelo y se rebajará un 40% la de promoción de vivienda protegida en alquiler.
Ajuste serio para Canarias
La titular de Vivienda no precisó cuánto prevé ahorrar con estas medidas. En su conjunto, según declaró, durante el año pasado se destinaron a estos apartados 507 millones, repartidos así: ayuda directa a la entrada, 306 millones; subvenciones a la promoción de VPO nueva en alquiler, 149; ayuda a promotores para urbanización de suelo, 41, y subvención para ventanillas únicas 21 millones.
Tras el anuncio de Corredor, los representantes de las comunidades mostraron su descontento y preocupación. El director del Instituto Canario de Vivienda, Jerónimo Fregel, puso el acento en la supresión de la AEDE, pero también en el "ajuste importante" en la reserva de eficacia, que afectará "especialmente" al Archipiélago.
Por su parte, el G-14, el grupo de las mayores inmobiliarias, aseguró que con el recorte de ayudas a la compra de VPO "se corre el riesgo de ahogar la incipiente y suave recuperación del sector".
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