El PP dice que Pedro Álvarez ha sufrido treinta robos este año

ÁLVARO MORALES, Tegueste

A falta de mayor crispación o, como en varias ocasiones en este mandato, de expulsiones del portavoz socialista, Antonio Sosa, por parte del alcalde, José Manuel Molina, el pleno de ayer en Tegueste hubo de esperar al turno de ruegos para dar un giro copernicano, aunque esos breves segundos pasaron en buena parte inadvertidos y no recibieron respuesta gubernamental, aunque sí explicaciones posteriores a este periódico. Si bien la sesión deparó nuevos enfrentamientos entre CC y la oposición (PSC y PP) sobre la situación económica local y la verdadera gestión desde hace años, lo más llamativo lo dejó al final la portavoz del PP, Clara Santana, al reclamar mayor vigilancia o un plan específico para evitar los crecientes robos en los barrios, sobre todo en Pedro Álvarez, donde, según sus datos, ha habido unos 30 hurtos en los últimos seis meses.

Al tratarse del turno de ruegos, Santana no detalló su propuesta, aunque sí dejó caer la posibilidad, incluso, de que existan grupos o bandas organizadas. El gobierno tampoco le respondió ni confirmó o rechazó esas cifras, aunque, posteriormente, el alcalde indicó a EL DÍA que ese número de hurtos en la citada zona no consta en la Policía Local y que, aunque se haya actuado contra un grupo recientemente, eso no significa que existan bandas. Según Molina, la cifra de robos entra en la media "y no hay un problema de inseguridad".

Previamente, la sesión, que duró dos horas y a la que asistió una quincena de vecinos, estuvo marcada por la economía local. El gobierno llevó diversos puntos sin pasarlos por la comisión correspondiente bajo el argumento de que no dispuso del tiempo necesario, lo que le valió la reprimenda del PSC y PP, que rechazaron su inclusión como asuntos urgentes.

Entre estos, destacaron dos modificaciones presupuestarias y un reconocimiento extrajudicial de crédito, por 662.000 y unos 400.000 euros, con los que se pretende zanjar una deuda de medio millón de euros de los años 2006 a 2008 con la ex empresa adjudicataria de la basura (Cespa), que recurrió a la justicia para reclamar esos servicios prestados. Mientras la oposición considera que se trata de un ejemplo más de la "desastrosa gestión de CC", según insistió Expósito, el equipo gobernante subrayó sus esfuerzos desde 2007 para ajustar los gastos y los ingresos municipales, con el hándicap de la drástica reducción de las aportaciones del REF y del Estado por la crisis actual.

En este sentido, CC rechazó una propuesta del PP para ampliar la austeridad con los gastos en propaganda o personal de confianza, asegurando que ya lo estaba aplicando, si bien estudia reducir los arrendamientos y no se refirió a los móviles públicos que usan los ediles, que el PP planteó eliminar.

Molina y Expósito discreparon sobre la reducción del sueldo del alcalde, que CC cifra en un 25% y el PSC, entre un 9,5 y 11,4% si se atiende a la Seguridad Social.